news
Rostros robados, sustento robado: fotógrafos porteños denuncian el robo de imágenes
Desde los estudios de Villa Crespo hasta las galerías de Palermo Soho, los artistas visuales advierten que la copia indiscriminada de sus obras en línea está destruyendo ingresos que ya eran frágiles, en uno de los períodos de ajuste más duros que ha vivido la Argentina.
Escuchar en Español · 4 min
Cómo elaboramos esta noticia
Las fotografías estaban en todas partes menos donde debían estar: debidamente acreditadas y pagadas. Una fotógrafa comercial porteña descubrió el mes pasado que más de 40 de sus imágenes de productos, tomadas en un estudio de la Avenida Corrientes cerca del Abasto, habían sido extraídas y republicadas en al menos seis sitios de comercio electrónico argentinos sin ningún acuerdo de licencia ni atribución. No había recibido un solo peso.
Su caso no es el único. En toda Buenos Aires, fotógrafos independientes, diseñadores gráficos e ilustradores coinciden en que la duplicación no autorizada de sus imágenes digitales se ha convertido en una erosión cotidiana de sus ingresos que ya no pueden soportar, y menos aún en una economía donde el tipo de cambio oficial, tras los ajustes del esquema de flotación administrada del gobierno de Milei, ha transformado cada cálculo de precios que realizan.
Una crisis que llega en el peor momento posible
El momento no podría ser más cruel. Los trabajadores creativos independientes de la Argentina ya atravesaban la caída del salario real más profunda en una generación cuando el programa de ajuste del gobierno de Milei se hizo sentir a lo largo de 2024 y en lo que va de 2025. Los subsidios al sector cultural administrados a través del Fondo Nacional de las Artes fueron recortados o congelados. Los contratos de publicidad estatal —un salvavidas para muchos estudios pequeños— se redujeron. En ese contexto, que roben tus imágenes sin pagar no es una molestia menor. Para muchos profesionales, representa la diferencia entre poder pagar el alquiler en Palermo Soho —donde un espacio de estudio sobre la Avenida Armenia supera habitualmente los 800 dólares mensuales— y abandonar la profesión definitivamente.
Integrantes de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), que lleva años registrando violaciones a los derechos de imagen, han señalado un aumento en las denuncias desde finales de 2024. La organización, con sede en el barrio de San Telmo, viene impulsando una aplicación más clara de la Ley 11.723 —el estatuto de propiedad intelectual argentino— en entornos digitales, con el argumento de que el marco legal vigente fue redactado mucho antes de que las plataformas de redes sociales y los scrapers de imágenes impulsados por inteligencia artificial se convirtieran en herramientas habituales para empresas que buscan reducir costos.
En La Maquinista, un centro cultural del corredor de Palermo Hollywood que organiza revisiones mensuales de portfolios para fotógrafos emergentes, los participantes describen un mercado donde los clientes proponen abiertamente usar imágenes encontradas en línea en lugar de encargar trabajos originales. Una queja recurrente: empresas que suben imágenes con marcas de agua a herramientas de búsqueda inversa específicamente para localizar versiones sin marca en otros sitios. La práctica es técnicamente ilegal según la legislación argentina, pero las acciones de enforcement son escasas y los litigios civiles resultan costosos.
Qué exige la comunidad
El reclamo más concreto de los creadores afectados tiene tres ejes: canales administrativos más ágiles para solicitudes de eliminación de contenido ante ENACOM, el ente regulador nacional de comunicaciones; requisitos obligatorios de declaración del origen de las imágenes para las plataformas comerciales que operan en la Argentina; y una actualización de la Ley 11.723 que contemple explícitamente los conjuntos de datos de entrenamiento de inteligencia artificial y la replicación automatizada de imágenes.
Un taller realizado en junio en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio de Barracas, reunió a más de 80 participantes —diseñadores, fotógrafos e ilustradores digitales— que dedicaron tres horas a trazar un mapa de cómo circulan las imágenes duplicadas por las redes comerciales argentinas. Los asistentes relataron haber recibido respuestas a cartas documento que tardaron entre cuatro y seis meses en producir algún resultado, momento en el que el contenido infractor ya había sido compartido miles de veces.
Los números son contundentes. Una licencia fotográfica comercial estándar para una sesión de productos de una pequeña empresa porteña rondaba entre 80.000 y 150.000 pesos a comienzos de 2026 —un rango que equivale a aproximadamente entre 80 y 150 dólares al tipo de cambio oficial vigente, pero que representa un costo significativo para los operadores pequeños—. El incentivo para simplemente robar la imagen en lugar de pagarla es real, y los creadores lo saben.
Por ahora, ARGRA recomienda a sus asociados incorporar marcas de agua de metadatos invisibles en cada archivo antes de la entrega, conservar archivos de prueba de autoría con fecha, y registrar todos los primeros usos mediante sellos de tiempo digitales certificados ante escribano —pasos engorrosos que consumen las mismas horas de trabajo que el ajuste ya ha recortado—. La organización también ha habilitado un servicio de consulta jurídica gratuita que funciona todos los martes en su sede de San Telmo, a partir de este mes, para los socios que necesiten orientación sobre cómo presentar denuncias formales. No es la solución sistémica que la comunidad reclama. Pero para los fotógrafos que ven circular su trabajo sin crédito ni compensación, es, por ahora, la ayuda más concreta disponible.